Familiares de detenidos y ejecutados por la dictadura cívico-militar chilena (1973-1990) le exigieron al ejército que abra sus archivos y diga la verdad sobre los años del terrorismo de Estado, tras la conmoción que causó la confesión de un ex conscripto sobre su participación en al menos 18 asesinatos. “Queremos que de una vez por todas dejen de mentir a los familiares, al país, ellos tienen la verdad, saben el destino de nuestros familiares y saben lo que hicieron a cada uno de ellos”, dijo Héctor Marín, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua.
Fue en el Regimiento Carampangue de Iquique donde fue conscripto Guillermo Reyes Rammsy, quién impactó al país con su confesión en "Chacotero Sentimental", un programa frívolo de la Radio Corazón. Su relato empezó como si se tratara de un cuento de amor y derivó en una confesión de graves crímenes. “Llevábamos a varios de estos tipos a la pampa (el desierto), les pegábamos un balazo en la cabeza, dinamita, y pah, no quedaba ni la sombra”, dijo. Cuando se le preguntó si sabe dónde están los desaparecidos, respondió con toda frialdad, con una frase que se parece en mucho a la del dictador argentino Jorge Rafael Videla: "Pues, es que no están, están totalmente desintegrados. No quedaba nada”.
Reyes fue detenido el viernes y puesto a disposición del juez especial Mario Carroza, después de que diera detalles sobre las ejecuciones de Freddy Taberna Gallegos y Germán Palomino Lamas, militantes del Partido Socialista. Taberna se encuentra todavía en calidad de detenido desaparecido, mientras que el cuerpo de Palomino fue encontrado en una fosa de Pisagua. Durante los 25 minutos que permaneció en el aire, Reyes confesó su participación en 18 asesinatos. “Estabas obligado (a matar), si no te mataban los milicos o te mataban ellos, estabas en el medio”, se justificó.
El tono utilizado por Reyes impactó. Organizaciones de Derechos Humanos pidieron que dé información sobre cómplices y el posible paradero de personas desaparecidas. Sin embargo, hay quienes señalan la necesidad de mantener la legislación que protege a los ejecutores del terrorismo de Estado para amparar a este colectivo. Fernando Mellado, presidente de la Corporación para la Integración de los Derechos Humanos y de los conscriptos de las clases 1973-1990, aseguró que sus miembros se vieron obligados a participar en los crímenes, a veces bajo amenazas de muerte.
"A mí me nombraron a toda mi familia, uno por uno, cómo se movilizaban, qué compraban, y me dijeron que si no acataba las órdenes a uno de ellos le iban a poner el traje de corbata (lo iban a degollar). Veíamos cómo otros jóvenes que no acataban las órdenes eran fusilados por otros conscriptos", señaló Mellado. "Éramos chicos de 18 años, de los sectores más humildes, sometidos a una brutalidad aberrante, avalo y corroboro lo que dijo Reyes, no había opción, había que salvarse fuera como fuera. Después, el Estado nunca se hizo responsable de habernos usado, no nos dieron ningún tipo de asistencia, ni siquiera psicológica".
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