10 de junio de 1972 - Nacionalización del Banco de Chile
El gobierno de Allende, apoyado por la Unidad Popular (un conglomerado de partidos de izquierda), destacó tanto por el intento de establecer un camino alternativo hacia una sociedad socialista –la "vía chilena al socialismo"–, como por proyectos como la nacionalización del cobre, en medio de la polarización política de la Guerra Fría y una grave crisis económica y financiera promovida por el gobierno de Nixon.
La estatización de la “banca” en general, se dio en el marco del plan de la Unidad Popular para llegar al «socialismo a la chilena» que consistía en los siguientes puntos:
Estatización de las áreas «claves» de la economía.
Nacionalización de la Gran Minería del Cobre.
Aceleración de la reforma agraria.
Congelamiento de los precios de las mercancías.
Aumento de los salarios de todos los trabajadores, pagándolos con emisión de billetes.
Modificación (con un clima de euforia económica) de la constitución y creación de una cámara única.
Estas acciones combinaban políticas económicas socialistas (estatizaciones) con otras que se enfocaban a obtener una rápida reactivación económica tras una drástica redistribución de la riqueza. La estatización de las empresas se llevó a cabo con el uso de ciertos resquicios legales (el Decreto Ley Nº 520, de 1932), que databan de la República Socialista y que cayeron en el olvido, aunque mantenían su valor legal. El proceso consistía en que cuando alguna empresa considerada clave de la economía detenía la producción, el Estado la podía intervenir para que volviera a producir. El sistema fue juzgado ilegal por la oposición, pero fue sancionado como legal por la Contraloría General de la República.
La estatización de la “banca” en general, se dio en el marco del plan de la Unidad Popular para llegar al «socialismo a la chilena» que consistía en los siguientes puntos:
Estatización de las áreas «claves» de la economía.
Nacionalización de la Gran Minería del Cobre.
Aceleración de la reforma agraria.
Congelamiento de los precios de las mercancías.
Aumento de los salarios de todos los trabajadores, pagándolos con emisión de billetes.
Modificación (con un clima de euforia económica) de la constitución y creación de una cámara única.
Estas acciones combinaban políticas económicas socialistas (estatizaciones) con otras que se enfocaban a obtener una rápida reactivación económica tras una drástica redistribución de la riqueza. La estatización de las empresas se llevó a cabo con el uso de ciertos resquicios legales (el Decreto Ley Nº 520, de 1932), que databan de la República Socialista y que cayeron en el olvido, aunque mantenían su valor legal. El proceso consistía en que cuando alguna empresa considerada clave de la economía detenía la producción, el Estado la podía intervenir para que volviera a producir. El sistema fue juzgado ilegal por la oposición, pero fue sancionado como legal por la Contraloría General de la República.
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