El esquema utilizado por la dictadura chilena para financiar clandestinamente su aparato represivo y ocultar su funcionamiento quedó al descubierto ayer al conocerse documentos del expediente que investiga el asesinato del ex canciller del gobierno de la Unidad Popular, Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976. Un informe de la Corte Suprema consignó que el entonces coronel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel Contreras, manejó una millonaria cuenta bancaria desde la cual giraba dinero a otros organismos del Estado y hasta a medios de prensa. Los organismos de Derechos Humanos resaltaron la relevancia de la información ya que constituiría la prueba más contundente de que la represión formó parte de un plan institucional del gobierno de facto de Augusto Pinochet.
La cuenta se abrió en nombre de una ficticia "Dirección Nacional de Rehabilitación" (DINAR) y su titular era el entonces coronel Contreras, jefe de la DINA y actualmente condenado a más de 300 años de prisión por violaciones a los Derechos Humanos. Datos del caso y cheques con la firma de Contreras incluidos en el informe muestran que la Dirección de Inteligencia hizo también numerosos pagos a los principales diarios, revistas y agencias de noticias de la época. Sin embargo, los nombres de esos medios no fueron divulgados aún.
Semanas atrás el dueño del principal diario chileno, El Mercurio, reconoció que se había reunido con la CIA desde que Salvador Allende ganó las elecciones, en 1970. Agustín Edwards, de 86 años, es investigado por la participación del periódico en la campaña desestabilizadora contra el gobierno democrático y documentos desclaficicados de la agencia de espionaje estadounidense confirman el aporte efectuado con tal fin.
En cuanto al caso Contreras, distintos regimientos y otras reparticiones del Ejército, incluidas la comandancia en jefe y la Fábrica de Armas y Materiales del Ejército (Famae), recibieron pagos de altas sumas de dinero, al igual que el propio Banco Central.
Esto contradice lo sostenido hasta hoy por las Fuerzas Armadas, de que jamás se relacionaron institucionalmente con la policía secreta y que sus crímenes fueron sólo hechos aislados, cometidos por individuos escapados de los mandos. Los giros a diversos organismos del Estado demuestran que el plan de exterminio "fue una acción de carácter institucional del Estado chileno", señaló Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
"Con esto, ahora sabemos que el brazo de la DINA fue mucho más largo de lo que creímos", insistió al incluir en esa trama de complicidad a los medios de comunicación que recibieron pagos de la DINA. Ese vínculo, sostuvo, era para que no informen "los crímenes que se estaban cometiendo".
La cuenta de "DINAR" tenía el número 13.280.724 y pertenecía al Banco de Crédito e Inversiones, que en esa época tenía otros propietarios, de "Plaza Baquedano-Alameda y Vicuña Mackenna-Santiago", cerca del cuartel general de la DINA. Los movimientos de cuenta incluyen 12 cheques cobrados por "Junta de Gobierno", el Banco Central (que no era autónomo) y varios agentes de Inteligencia: el brigadier Marcelo Moren Brito, ex jefe del centro de tortura y exterminio Villa Grimaldi, el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Christoph Willikie Flöl; el jefe de la Brigada de exterminio Lautaro, Eduardo Iturriaga Neuman; y otros dos miembros (Juan Morales Salgado y Pedro Espinoza Bravo), todos ellos en prisión. «
La cuenta se abrió en nombre de una ficticia "Dirección Nacional de Rehabilitación" (DINAR) y su titular era el entonces coronel Contreras, jefe de la DINA y actualmente condenado a más de 300 años de prisión por violaciones a los Derechos Humanos. Datos del caso y cheques con la firma de Contreras incluidos en el informe muestran que la Dirección de Inteligencia hizo también numerosos pagos a los principales diarios, revistas y agencias de noticias de la época. Sin embargo, los nombres de esos medios no fueron divulgados aún.
Semanas atrás el dueño del principal diario chileno, El Mercurio, reconoció que se había reunido con la CIA desde que Salvador Allende ganó las elecciones, en 1970. Agustín Edwards, de 86 años, es investigado por la participación del periódico en la campaña desestabilizadora contra el gobierno democrático y documentos desclaficicados de la agencia de espionaje estadounidense confirman el aporte efectuado con tal fin.
En cuanto al caso Contreras, distintos regimientos y otras reparticiones del Ejército, incluidas la comandancia en jefe y la Fábrica de Armas y Materiales del Ejército (Famae), recibieron pagos de altas sumas de dinero, al igual que el propio Banco Central.
Esto contradice lo sostenido hasta hoy por las Fuerzas Armadas, de que jamás se relacionaron institucionalmente con la policía secreta y que sus crímenes fueron sólo hechos aislados, cometidos por individuos escapados de los mandos. Los giros a diversos organismos del Estado demuestran que el plan de exterminio "fue una acción de carácter institucional del Estado chileno", señaló Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
"Con esto, ahora sabemos que el brazo de la DINA fue mucho más largo de lo que creímos", insistió al incluir en esa trama de complicidad a los medios de comunicación que recibieron pagos de la DINA. Ese vínculo, sostuvo, era para que no informen "los crímenes que se estaban cometiendo".
La cuenta de "DINAR" tenía el número 13.280.724 y pertenecía al Banco de Crédito e Inversiones, que en esa época tenía otros propietarios, de "Plaza Baquedano-Alameda y Vicuña Mackenna-Santiago", cerca del cuartel general de la DINA. Los movimientos de cuenta incluyen 12 cheques cobrados por "Junta de Gobierno", el Banco Central (que no era autónomo) y varios agentes de Inteligencia: el brigadier Marcelo Moren Brito, ex jefe del centro de tortura y exterminio Villa Grimaldi, el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Christoph Willikie Flöl; el jefe de la Brigada de exterminio Lautaro, Eduardo Iturriaga Neuman; y otros dos miembros (Juan Morales Salgado y Pedro Espinoza Bravo), todos ellos en prisión. «
Comentarios
Publicar un comentario